El uso de los llamados «fármacos antiobesidad de la familia GLP-1», como Wegovy y Mounjaro, se expande con rapidez. Ante ese auge, expertos reclaman medidas regulatorias eficaces para evitar el uso indebido con fines ajenos al tratamiento. En particular, a partir de casos de países clave del extranjero, plantean para Corea un modelo de gestión escalonada que incluya apoyo a la prescripción vinculado al Servicio de Uso Seguro de Medicamentos (DUR) y la introducción de una cobertura limitada centrada en los grupos de alta necesidad.
La Sociedad Coreana para el Estudio de la Obesidad celebró el día 10, junto con la Asociación Coreana de Periodistas Médicos y de Biociencia, un simposio en el Lee Kun-hee Hall del Instituto de Investigación del Cáncer de la Universidad Nacional de Seúl bajo el título «Valor clínico de los fármacos antiobesidad GLP-1 y búsqueda de un entorno de prescripción adecuado», en el que se abordaron asuntos pendientes relacionados con estos tratamientos.
Park Jung-hwan, profesor del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de la Universidad de Hanyang, intervino ese día con una presentación titulada «Valor clínico de los fármacos antiobesidad GLP-1: cambio del paradigma del tratamiento de la obesidad». «La semaglutida, principio activo de Wegovy, un fármaco para tratar la obesidad y la diabetes, y la tirzepatida, principio activo de Mounjaro, han demostrado en grandes estudios clínicos efectos significativos no solo en la pérdida de peso, sino también en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares», señaló. Y añadió: «Sin embargo, cabe preguntarse si estos fármacos antiobesidad GLP-1 se están utilizando realmente en quienes los necesitan».
En la actualidad, la mayoría de los fármacos antiobesidad GLP-1 se utilizan fuera de cobertura, por lo que la información de administración no queda registrada en los datos de reclamaciones del seguro de salud. Por ello, no son pocos los casos en los que se prescriben y usan de forma indiscriminada con fines estéticos, como la pérdida de peso.
El profesor Park advirtió: «En los fármacos antiobesidad GLP-1 utilizados fuera de cobertura, existen límites para la monitorización de seguridad basada en datos de uso en la práctica real». Y subrayó: «La realidad es que incluso los fármacos GLP-1 para la diabetes con el mismo principio activo tienen criterios de cobertura restrictivos, por lo que no se aprovechan suficientemente en el tratamiento de los pacientes».
Lee Sang-yeol, profesor del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de la Universidad de Kyung Hee, habló ese día sobre «la eficacia del debate regulatorio actual y alternativas deseables». «En el contenido regulatorio vigente y previsto no existe una estructura de datos clara que permita identificar “a quién” se prescribió y “con qué base clínica”», afirmó. Y recalcó: «(Bloqueo de canales de prescripción no presencial, etiquetado como “medicamento con riesgo de uso indebido”, etc.) Las regulaciones centradas únicamente en controlar los canales de distribución y de atención tienen límites; por ello, más que reforzar las restricciones, lo prioritario es establecer un sistema de gestión que registre y evalúe la idoneidad clínica».
El profesor Lee propuso que, tomando como referencia los casos de países que han introducido cobertura pública para los fármacos antiobesidad —como Reino Unido, Francia y Estados Unidos—, Corea también necesita construir de forma gradual un sistema de gestión basado en los fundamentos de prescripción y en los datos, que incluya ▲«apoyo a la prescripción adecuada» vinculado al Servicio de Uso Seguro de Medicamentos (DUR) (registro y alertas por IMC, comorbilidades y autorizaciones por edad) ▲introducción escalonada de cobertura centrada en los grupos de alta necesidad ▲apoyo a la atención no presencial y a modelos híbridos verificados. Y aconsejó: «De aquí en adelante, debemos pasar de una “regulación que bloquea” a una “regulación que gestiona” y evaluar si los pacientes han podido recibir un tratamiento seguro y sostenible».
